La decisión de dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a partir del 1 de septiembre tiene a muchos en vilo. Los sin papeles con enfermedades crónicas, personas que necesitan diálisis varias veces por semana o una medicación contra el cáncer o el VIH, carecen de información sobre cómo continuar sus tratamientos a partir del día 1. Los facultativos, los centros de salud y las asociaciones tampoco tienen respuestas para ellos.

Ante estos casos, el Ministerio de Sanidad mantiene un discurso monolítico. "Ningún paciente que lo necesite va a quedarse sin atención", afirma una portavoz del departamento que dirige Ana Mato. Además, añade, "el criterio médico sobre las situaciones de urgencia es el que determina la atención. Es importante recordar que no corresponde al médico que atiende a un paciente verificar su situación legal, sino determinar la atención que debe recibir".

El problema es que en urgencias no saben cómo abordar el asunto. "No ha habido ninguna instrucción sobre qué hacer", dice el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tomás Toranzo. "Las urgencias están para lo que están, y en esos casos solo podemos pasarle la patata caliente a otros servicios", afirma. El único caso en que podrían intervenir, afirma Toranzo, sería el de "una persona que, por una insuficiencia renal, necesitara una diálisis de urgencia. Y eso si el hospital tiene ese servicio". Para el resto, nada: ni una quimioterapia programada ni, mucho menos, una medicación de las que solo pueden conseguirse en un hospital. "Nosotros solo prescribimos lo que se va a tomar en el servicio", añade.

En ambulatorios y otros servicios sanitarios tampoco saben qué va a ocurrir con los enfermos crónicos graves. Ni centros de salud ni hospitales han recibido ninguna información sobre cómo atender a los sin papeles a los que se les desactivará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre. "Hemos preguntado y ni siquiera nos han contestado", afirma una médico de Atención Primaria. Tampoco en los hospitales han recibido información. "Ni un dato, ni una circular... nada", explican fuentes de gestión de un gran hospital de Madrid. Tampoco los especialistas saben a qué carta quedarse. De ahí que el Grupo de Estudio de Sida (Gesida) haya alertado hace 15 días de que entre 2.700 y 4.600 personas pueden quedar sin tratamiento.

La situación es tan grave que hasta la consejera de Sanidad de Murcia, María Ángeles Palacios (PP), apostó ayer por plantear "excepciones" a los enfermos crónicos. Palacios citó expresamente a las personas con sida, cáncer e insuficiencia renal. "No se pueden dejar a mitad porque salga una normativa, habrá que continuar y habrá que acabar con ellos", ha aseverado. Parece que tampoco ella tiene claro que eso, según Sanidad, es lo previsto.