El pasado 27 de abril, en la Sala de Juntas del Palacio Conde de Toreno de Oviedo se celebró una reunión de trabajo de la Mesa Ciudadana contra la Pobreza y la Exclusión Social. Entre los puntos tratados se encontraban asuntos de gran calado, tales como las ayudas a las familias con menores a cargo, el II Plan Autonómico de Inclusión Social del Principado de Asturias, el I Plan Integral de Atención a las Personas con Discapacidad, la implantación y el desarrollo de la Ley de Dependencia en Asturias, el estado de gestión del Salario Social Básico y la Modificación Parcial de la Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias.

 

Plan de Atención Integral de Personas con Discapacidad, se informa que, tras incluirse en el mismo las aportaciones presentadas por las asociaciones, sólo falta el informe económico de cada una de las Consejerías implicadas, tras lo cual se aprobarán en el Consejo de Gobierno de fecha 29 de abril, en el último de la presente legislatura.

 

En cuanto a la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Dependencia, se ofrecen los datos relativos al 1 de julio de 2012, así como la comparativa con marzo de 2015:

1 de julio de 2012: 20.000 personas con derecho subjetivo y 14.656 con prestación o servicio adjudicado.

 

1 de marxo de 2015: 16.196 personas con derecho y 15.185 con prestación o servicio adjudicado.

En febrero de 2014 había 385 nuevas solicitudes de la dependencia, y en el mismo mes de 2015, 650 nuevas solicitudes (la media para obtener la prestación ha sido de 6 meses).

Graciela informa como se ha incrementado el número de personas con prestación, y la tasa de reposición en nuestra comunidad autónoma es positiva, ya que se siguen incorporando personas al sistema respecto al año 2012.

En el año 2012 se habían incorporado al sistema 14.656 personas y actualmente hay 15.185 personas (529 personas más).

 

Para conseguir esto se ha reforzado el personal de los equipos de valoración. Con ello se han cumplido los objetivos marcados al principio de la legislatura:

-       1.100 personas que esperaban servicio o prestación (lista de espera), ya no lo están.

-       La tasa de reposición es positiva.

-       Se ajusta el plazo desde que se solicita la prestación o servicio hasta que se concede, al plazo legal de 6 meses. Se detalla que este plazo de 6 meses es una media.

 

Hay que destacar que, a principios del año 2012 se aplicaban unos criterios de valoración distintos, más restrictivos (por eso entraban menos personas, al ser el baremo más restrictivo).

Las últimas semanas se ha impartido un curso de formación a los valoradores de la dependencia, con formadores de Andalucía y Cantabria, para ver en qué nos diferenciamos. En estos cursos se han dado otras pautas de valoración, y es de esperar que el curso contribuya a lograr algún cambio positivo, que haya más personas con derecho, y se incorporen más personas al sistema

A tener en cuenta que desde junio de 2012 no se reconoce el derecho al GRADO I, y el 1 de julio de este año se incorporarán al sistema las 7.000 personas de grado I.

 

Se está agilizando esta incorporación pidiéndose los datos económicos, para que en el mes de julio, los dependientes de GRADO I que están esperando su incorporación al sistema accedan lo antes posible.

La Directora General de Dependencia, Paula Álvarez, enumeró los objetivos planteados en este asunto:

-Mantener el plazo de resolución de 6 meses, como media

 

-Mejorar la información de los profesionales, sobre todo de las entidades locales.

Finalmente, la presidenta del CERMI Asturias, Mónica Oviedo, hizo una pregunta acerca de la figura del Asistente Personal. La Directora General manifestó que ese es un objetivo de la próxima legislatura, y que se incluye en la información y formación que se va a dar a los profesionales. Asimismo, tras la entrega del informe del empleo de las personas con discapacidad en las empresas entregado a los asistentes, Mónica solicita que esta información se siga recogiendo y trasladando al CERMI ASTURIAS todos los años y que se inicie una campaña de inspección en aquellas empresas que no cumplen con la obligación legal de contratación del 2 % de personas con discapacidad, o la adopción de medidas alternativas, pues en el informe entregado se detecta que existe un 30 % de empresas que no lo cumplen en nuestro territorio.