"La red de protección social de España ya era completamente inadecuada antes del Covid-19, pero desde entonces la pandemia ha puesto en evidencia cuán profundamente le está fallando a la gente", dijo Philip Alston, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, cuyo informe sobre su visita oficial al país este año os ofrecemos  aquí.

Informe completo

Llamamos vuestra atención sobre los aspectos del informe relacionados con la discapacidad.

Las personas con discapacidad sufren muchas formas de discriminación estructural y marginación en España, en particular en materia de empleo, renta, educación y vivienda. En 2018, aproximadamente un tercio de esas personas (31,1 %) se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con el 24,1 % de las personas sin discapacidad. Además, su tasa de empleo solo se situaba en el 25,8 %, porcentaje muy inferior a la mitad del correspondiente a las personas sin discapacidad (65,9 %).

La falta de viviendas accesibles empeora aún más la situación. Solo el 0,6 % de los 9,8 millones de edificios residenciales de España cumplen los criterios de accesibilidad universal para las personas con movilidad reducida o con discapacidad. Según una encuesta realizada en 2019, 1,8 millones de personas con movilidad reducida necesitaban ayuda para salir de su casa, y 100.000 nunca podían salir. El 16,5 % de las niñas y niños con discapacidad reciben una enseñanza segregada fuera del sistema educativo general.

Las personas con discapacidad de toda España que hablaron con el Relator Especial hicieron gran hincapié en la discriminación que sufrían en el mercado laboral y en la sociedad, y en lo mucho que tenían que luchar para hacer valer sus derechos. El Gobierno debería ocuparse con mayor prioridad de eliminar estas numerosas formas de discriminación.