(Madrid, 17 de septiembre de 2020).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha destacado este jueves que la cogobernanza en lo social con el tercer sector “no empobrece estas políticas, sino que las enriquece”.

Este ha sido uno de los asuntos que se han abordado durante la reunión del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal, en la que se han repasado las prioridades de la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias de cara a los próximos meses, marcados por los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia de COVID-19.

“Tenemos un elemento de desestabilización, y hasta de regresión en términos de civilización, que no se ha superado todavía y sobre el que no hay certidumbre acerca de cuándo podría eliminarse o convertirse en algo llevadero con lo que podamos convivir”, ha advertido la entidad en referencia a la pandemia. Por ello, ha subrayado que “si estamos en el peor momento, no se puede hacer la política de siempre”.

Por otra parte, en el Comité Ejecutivo se han enumerado las principales cuestiones que se están tramitando en la actualidad o lo harán en los próximos meses en materia de discapacidad , como la reforma del artículo 49 de la Constitución, con el fin de reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y modificar la terminología con la que la Carta Magna hace alusión a esta parte de la ciudadanía. Ello permitirá que el texto constitucional se adecúe a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Otra de las cuestiones tratadas es la tramitación de la reforma del Código Penal para prohibir las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, una práctica que sufren principalmente las adolescentes y mujeres con la capacidad jurídica modificada.

Precisamente, se ha recordado que sigue avanzando la modificación del Derecho Civil para dejar atrás el modelo de incapacitaciones legales para pasar a otro centrado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones.

A juicio del CERMI, más allá de las legítimas diferencias de las formaciones políticas, “todas estas son cuestiones que deben aprobarse por unanimidad o por amplísima mayoría, ya que se trata de cuestiones de derechos humanos que trascienden las ideologías”. En su opinión, “como ha sucedido otras veces, la discapacidad tiene que volver a ser un elemento de cohesión y consenso en un clima de tanta crispación”.