El mercado de trabajo en España necesita un revulsivo para que se oriente a la inclusión y permita que accedan cientos de miles de personas con discapacidad que están en estos momentos inactivas o en situación de desempleo o empleo precario.

 En el Día Internacional del Trabajo, el movimiento CERMI recuerda para vergüenza del país que la inactividad de las personas con discapacidad alcanza cotas intolerables, 40 puntos más que la de la población sin discapacidad; que el desempleo es mucho más acusado que la media española, de suyo alta y que la brecha salarial también se ceba con las personas con discapacidad, castigándolas.

A todo esto, que era la situación consolidada, hay que sumar el impacto catastrófico que tendrá la pandemia ocasionada por el coronavirus en el empleo en general, presente y futuro, y en el de las personas con discapacidad, destruyendo puestos de trabajo y cercenando de raíz oportunidades laborales en clave de inclusión.

 Si atendemos al género, a la residencia en el medio rural o a las especiales dificultades de inserción según tipos de discapacidad, el bien social del empleo se hace más escaso aún, llegando a la exclusión estructural y sistemática de estos segmentos de la discapacidad.

 Cuando el tener un empleo no garantiza muchas recursos suficientes para una existencia digna (cronificación del precariato), las personas con discapacidad no solo no llegan a la actividad laboral, sino que las pocas que lo hacen están en el rango de desempeño más expuesto.

 En la reconstrucción nacional que tiene que emprender España tras la pandemia, la inclusión laboral, el empleo decente, para todos los grupos sociales, que permita aportar el talento sin excepciones y corresponsabilizarse de la mejor marcha del país, debe ser un asunto de primera magnitud en la agenda política.