El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a España a reforzar la protección legal de las personas con discapacidad tras el último Examen Periódico Universal (UPU) sobre derechos humanos, y en el que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha participado activamente.

Así, el organismo internacional, que busca mejorar la situación de los derechos humanos de los Estados parte y abordar las posibles violaciones de los mismos, especifica un total de 25 recomendaciones y apreciaciones respecto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, en base a las diferentes propuestas y reivindicaciones remitidas por el CERMI a partir de un informe alternativo.

En este sentido, el Comité muestra su “satisfacción” ante la incorporación de sus demandas por parte de Naciones Unidas, que da cuenta de la “preocupación” y muestra “interés” sobre cuestiones tan importantes como la accesibilidad en los servicios de atención a la salud, el fomento del empleo de las personas con discapacidad o la promoción de la educación inclusiva, entre otras.

Por su parte, el Estado Español ha aceptado el 58% de las observaciones que el mecanismo internacional desarrolla sobre el sector de la discapacidad, lo que se traduce, a juicio de la entidad, en un resultado “más que positivo” porque determina el papel del CERMI, como marco independiente de seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los órganos de Naciones Unidas.

RECOMENDACIONES ACEPTADAS

En concreto, el EPU recomienda a España ajustar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para así garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos y aplicar las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de esta normativa.

A su vez, esta modificación permitiría hacer posible el derecho a la asistencia personal, una de las mayores demandas en la trayectoria del CERMI y que se ha reforzado a raíz de la actual crisis sanitaria, social y económica por el coronavirus que ha puesto de relieve la necesidad de adoptar y aplicar una estrategia integral de desinstitucionalización.

La educación inclusiva también forma parte de las reivindicaciones que realiza el mecanismo internacional. El EPU propone “seguir trabajando para lograr que los centros educativos cuenten con los recursos necesarios para que los alumnos con discapacidad puedan asistir a esos centros en las mejores condiciones posibles”. Tal y como se argumenta, con su promoción se consolidaría un derecho del sector de la discapacidad.

Por otro lado, el mecanismo internacional hace hincapié en redoblar los esfuerzos para detectar y prevenir las múltiples formas de discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad, en particular las que tienen discapacidad intelectual o psicosocial, y protegerlas contra esas formas de discriminación, y consignar recursos suficientes para respaldar esos esfuerzos.

En paralelo, se incide en “proseguir las iniciativas de promoción de los derechos del niño, de las personas con discapacidad y de las mujeres y fomentar las actividades de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo”. La educación, la autonomía y la participación resultan asuntos clave para la consecución de estos derechos.

Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad a través de una estrategia nacional es otra de las medidas aceptadas en relación a las aportaciones del CERMI. Así, ello se puede contemplar a partir de la promoción del empleo de este sector poblacional o con la aplicación de medidas que garanticen la accesibilidad y la disponibilidad de los servicios de salud.

Por último, el Consejo de Derecho Humanos de la ONU aporta otras recomendaciones a España, de especial relevancia y de “sumo interés para dar consecución a los mandatos de la Convención de la Discapacidad y de la Agenda 2030”, a pesar de no estar conectadas con las propuestas realizadas por el CERMI en su informe alternativo.

Estas observaciones ponen el foco en la no discriminación de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, así como la inclusión de la perspectiva de género y discapacidad en las futuras políticas de adaptación al cambio climático.