El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que la regulación legal del trabajo a distancia, no presencial o teletrabajo recoja debidamente la realidad y las peculiaridades de las personas con discapacidad, para no quedar excluidas o peores condiciones de este modalidad de prestación laboral.

Ante el anuncio del Gobierno de que tiene intención de regular legalmente el teletrabajo, que se ha impuesto sobrevenidamente como consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus que ha obligado al cierre de empresas y centros laborales y a trabajar desde el confinamiento domiciliario, el CERMI considera que esta nueva normativa tiene que tener muy presente la situación y necesidades de las personas con discapacidad.

Un aspecto esencial, a juicio del CERMI, es el de garantizar las condiciones de accesibilidad universal de los canales, soportes y formatos de teletrabajo, para que ningún trabajador a distancia con discapacidad vea mermadas su empleabilidad y el despliegue pleno de sus potencialidades laborales.

El CERMI advierte también que el teletrabajo no puede ser una excusa para debilitar los derechos de los trabajadores o reducir las condiciones laborales, sino una modalidad, ya sea a tiempo completo o parcial, de la prestación laboral como el mismo grado de protección que la presencial.

Para el movimiento social de la discapacidad, el teletrabajo su se regula bien abrirá ventanas de oportunidad para un mayor acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad.