El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha puesto en marcha una iniciativa para que España cumpla con las recomendaciones y observaciones generales emitidas en 2019 por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y puedan materializarse en las políticas públicas.

Así lo ha puesto de manifiesto la plataforma de la discapacidad en un encuentro que ha tenido lugar este jueves para abordar esta materia y que ha contado con la presencia de la presidenta de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado de España, Mª Teresa Fernández, y de dos representantes del Comité de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jorge Araya y Amalia Gamio.

De esta manera, con la iniciativa ‘España en línea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el CERMI pretende promover, proteger y asegurar los derechos humanos de las personas con discapacidad que se han visto “más devastados” aún con la pandemia del coronavirus desatada en 2020.

En este sentido, el CERMI, como mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención, ha impulsado este taller, que da respuesta a las propias observaciones, para difundirlas tal como instaba el propio Comité de expertos de la ONU al Estado español.

Entre las observaciones realizadas, los representantes del comité de expertos de la ONU han destacado 7 observaciones que se hicieron en materia de capacidad jurídica (nº1), accesibilidad (nº2), mujeres y niñas (nº3), educación inclusiva (nº4); vida independiente (nº5); igualdad de oportunidades y no discriminación (nº6) y participación en la sociedad civil (nº7).

Concretamente, en relación con la educación, Gamio ha puesto de manifiesto la necesidad de consolidar una educación inclusiva que cuente con la infancia con discapacidad y ha lamentado que se siga aplicando “un enfoque médico de la discapacidad”.

Precisamente, esta es una de las cuestiones que preocupa al comité y es que según ha asegurado Gamio “algunas legislaciones no están armonizadas con el modelo de la Convención y esto da lugar precisamente al modelo médico y asistencialista de las personas con discapacidad”.

Durante la jornada también se ha hecho alusión a la eutanasia y en relación a esto Gamio ha asegurado, tal y como advertían esta misma semana el relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU Gerard Quinn; el relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos Olivier De Schutter, y la experta en derechos humanos de las personas mayores Claudia Mahler, que “la discapacidad nunca debe ser motivo o justificación para poner fin a la vida de alguien, directa o indirectamente”.

Otros temas que preocupan al comité son la falta de atención a la discriminación múltiple contra la mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia doméstica y la falta del cumplimiento del artículo 12 y 13 de la Convención en relación al igual reconocimiento como persona ante la ley y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.  En relación a esto, Araya ha manifestado que es necesario “garantizar el acceso a la justicia desde todos los ámbitos y que actualmente España no cuenta con los ajustes adecuados para que esto se cumpla tal y como se vislumbra en las observaciones realizadas por el comité”.

En el taller también han estado presentes representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores, María José Segarra; representantes de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidady de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso y del Senado de España, quienes han debatido sobre las observaciones expuestas y se han comprometido a materializarlas en la medida que sea posible.

Por último, el CERMI, ha destacado el importante papel de enlace que realiza entre el Comité de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las instituciones públicas para para avanzar en el conocimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.