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COCEMFE pide que se agilice el reparto de test de detección del COVID-19 en los centros de atención a personas con discapacidad

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La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pide que se agilice  urgentemente el reparto de los millones de test rápidos de detección de anticuerpos que el Gobierno anunció que dispone y que servirán para aumentar la capacidad de diagnosticar el COVID-19 de forma precoz.

 Los profesionales y personas usuarias de los centros y servicios dirigidos a personas con discapacidad y /o situación de dependencia de COCEMFE y su Movimiento Asociativo necesitan que estos test lleguen cuantoantes para poder desarrollar su actividad de la manera más segura posible, llevar a cabo los protocolos indicados en caso de positivos y prever posibles contagios.

 La situación que se está viviendo en nuestros centros es cada vez más grave ya que estas medidas que ahora se quieren empezar a tomar llegan con verdadero retraso, habida cuenta que llevamos casi un mes de confinamiento. El establecimiento de protocolos de actuación en caso de tener conocimiento de la existencia de personas trabajadoras diagnosticadas con coronavirus es fundamental a fin de evitar su propagación en el centro de trabajo. Se trata de una situación que no se puede demorar más”,  explica el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

 

Y añade, “somos conscientes de que no sólo esta situación de extrema necesidad se está viviendo en nuestros centros, si no que hasta los propios profesionales sanitarios están pasando por ella. Personal al que desde aquí queremos dar las gracias por la ingente labor que están desarrollando para luchar contra el virus del COVID-19, trabajando incansablemente. Insistimos, por tanto, que se trata de una situación que no se puede demorar cuando de vidas humanas estamos hablando”.

 La saturación que se está produciendo en el sistema sanitario de algunas comunidades autónomas, la falta de dichos test rápidos, la escasez de EPIs y las dificultades para cubrir las bajas de personal, está provocando situaciones de angustia en los centros y servicios dirigidos a personas con discapacidad y/o situación de dependencia, servicios que son considerados como esenciales. Y ante la falta de reacción por parte de la Administración son las propias entidades las que están gestionando, adquiriendo y distribuyendo  estos EPIs y material necesario a su personal y personas usuarias.

 Igualmente, desde COCEMFE se quiere recordar que los centros residenciales no son centros médicos, por lo que no están medicalizados ni cuentan con medios ni con personal para atender situaciones críticas que requieren una atención sanitaria especializada (médicos/as o enfermeros/as) o intensiva (UCI), salvo las ratios de personal marcadas por la normativa en función de las personas residentes. Por ello, se pide a las autoridades sanitarias que las personas que viven en estos dispositivos sigan el mismo criterio que el resto de la población para acceder a los servicios sanitarios.

 

 

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