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CERMI -Asturias traslada a la Delegación del Gobierno sus principales demandas y necesidades en el proceso de desescalada

 

La entidad ha entregado un documento de trabajo a la delegada del Gobierno de Asturias, Delia Losa, y el director del área de Sanidad de este órgano, Enrique Rodríguez, durante la reunión telemática

 Una delegación del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad del Principado de Asturias (CERMI-Asturias) ha mantenido una reunión de trabajo a través de videoconferencia con la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, quien asistió acompañada del director del área de Sanidad de la Delegación de Gobierno, Enrique Rodríguez.

 Durante el encuentro telemático, celebrado este martes, se abordaron las principales preocupaciones y necesidades del sector en este periodo de desescalada a consecuencia de la crisis sanitaria y social por la COVID-19, haciéndoles entrega de un documento de trabajo del movimiento asociativo de la discapacidad asturiano.

Desde el Comité se ha sostenido que “es necesaria la realización de pruebas diagnósticas, contar con los equipos de protección oportunos para los profesionales y las personas con discapacidad vulnerables, así como un incremento en la limpieza y desinfección y que esta sea suficiente, adecuada, continuada y eficaz para que la puesta en marcha de nuestra actividad se realice de forma segura y con la máxima protección”.

Tal y como ha asegurado la entidad, se ha comprobado que, hasta la fecha, la prevención y la prudencia han sido “los aliados más valiosos”. “En esta segunda nueva fase, se tiene que intensificar”, ha recalcado.

Por su parte, la Delegación de Gobierno atendiendo a la petición del CERMI Asturias, se ha comprometido a mediar con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) para que se lleve a cabo una limpieza exhaustiva de los centros de atención a las personas con discapacidad gestionados por algunas de las entidades del Comité que actualmente prestan sus servicios como a los de próxima reapertura, como medida de seguridad y protección, tanto a las personas con discapacidad como para el personal de los centros concertados con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

El SEPA es el órgano gestor de los servicios de atención de llamadas de urgencia y emergencia a través del número 112, de protección civil y de extinción de incendios y salvamentos en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Además, el Comité asturiano ha insistido en que el colectivo de las personas con discapacidad se ha visto discriminado por la falta de accesibilidad de las comunicaciones que se han trasladado a la ciudadanía en este periodo y porque los medios que se han puesto a disposición de la población no han tenido en cuenta a todas las personas. “Esto debemos remediarlo y no seguir cometiendo los mismos errores”, ha subrayado la presidenta de la entidad, Mónica Oviedo.

Por otro lado, el CERMI-Asturias ha hecho hincapié en la necesidad de priorizar a las personas con discapacidad y movilidad reducida en el uso limitado de determinados espacios, como el transporte público, y accesos a establecimientos, tanto públicos como privados, por la incomodidad e imposibilidad que para algunas de estas personas supone el hacer cola. En este sentido, la entidad ha defendido que es necesaria esta medida para respetar los aforos y distancias de seguridad.

Asimismo, ha mencionado la brecha digital del colectivo de personas con discapacidad y sus familias en el acceso y utilización de las nuevas tecnologías. “En situación de aislamiento, ha llegado a su máxima expresión, tanto para tener una comunicación con familiares y amigos/as y, con ello, llevar mejor el aislamiento, como para el teletrabajo o el seguimiento del curso escolar en su modalidad online”, ha explicado la entidad.

A su vez, ha recordado la importancia del refuerzo de los servicios de ayuda a domicilio, asistencia personal (servicio “muy valorado” en relación al COVID-19), de la rehabilitación y la atención psicológica.

 

FINANCIACIÓN ORGANIZACIONES DE LA DISCAPACIDAD

Además, ha recalcado la importancia de que no se realice ninguna reducción de la financiación prevista a las organizaciones de la discapacidad como consecuencia del coronavirus, que se convoquen y resuelvan cuanto antes las subvenciones pendientes y se modifique la ejecución y justificación de los proyectos del IRPF del año 2020, debido a los cambios producidos como consecuencia de la pandemia.

Así, se hace “imprescindible una subvención directa articulada a través de un fondo económico extraordinario para abordar las consecuencias del estado de alarma.

De gran necesidad también la formación a los profesionales del sistema educativo en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en la utilización de sistemas de videoconferencia y colaboración, ya que tal y como se prevé la educación online “ha llegado para quedarse durante una temporada”.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Asturias ha ofrecido al Comité asturiano la posibilidad de una formación en materia de desinfección y limpieza por parte de la UME.

“Esta crisis nos está afectando en el ámbito sanitario, en el económico y en el social y ha puesto en riesgo no sólo a las personas más vulnerables, como son las personas con discapacidad, sino también a las organizaciones que día a día trabajamos para defender sus derechos y prestar servicios especializados”, ha lamentado la entidad.

Por último, desde el CERMI Asturias se ha ofrecido a la Administración del Principado y a la Delegación del Gobierno su colaboración y experiencia, “pues estamos dispuestos a dar tanto o más de lo que pediremos, pues nuestras demandas son justas y necesarias para que la pandemia no restringa los derechos de las personas con discapacidad y para que en esta nueva realidad en la que hemos de trabajar ninguna persona, ninguna entidad de la discapacidad se quede atrás”, ha finalizado.

Tal y como ha apuntado la entidad, este documento se elevará al presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, las consejerías implicadas, los grupos parlamentarios y a la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

 

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