En concreto, han asistido la presidenta de CERMI Asturias, Mónica Oviedo, la secretaria general, María Diaz; y el portavoz técnico de la Comisión de Empleo y Formación del CERMI Asturias, Ignacio Ramírez; quienes han remitido un documento con diferentes propuestas basadas en la Propuesta de modificación del Decreto 83/2998, de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León.

Con el objetivo de favorecer el acceso de las personas con discapacidad al sector público sobre el número total de plazas que conformen la Oferta de Empleo Público anual, CERMI Asturias ha incidido en la necesidad de reservar un cupo “como mínimo” del 10% de para personas con discapacidad.

De la misma manera, han asegurado que de este porcentaje “al menos el 2% de las plazas deberían ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual.

Por otra parte, ha pedido que, del cupo de plazas reservadas se destine un 10% para las personas con discapacidad que presentan “especiales dificultades” para el acceso al mercado ordinario de trabajo.

 Asimismo, la plataforma de la discapacidad ha reclamado la necesidad de la creación de una Comisión autonómica de Seguimiento para la Inclusión Laboral de las personas con discapacidad, que tendrá comoobjetivo fundamental velar por el acceso de estas personas al empleo público, a la promoción interna, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la administración.

Durante la reunión, el director general se ha mostrado conforme con dichas reivindicaciones por parte del Comité, y ha asumido el compromiso de valorarlas. Además, ha asegurado que entregaría a CERMI Asturias el documento del borrador de Proyecto de Ley de Empleo Público del Principado de Asturias, en el que actualmente están trabajando, para su revisión y/o realización de aportaciones.

Por su parte, CERMI Asturias ha valorado positivamente esta reunión de trabajo, ya que la “buena disposición” por parte de la Administración del Principado para incorporar estas medidas harían realidad una “reivindicación histórica del sector de la discapacidad”. Por último, se ha ofrecido a colaborar a través de la Comisión de Seguimiento o cuando desde Función Pública requieran su asesoramiento, a través de grupos de trabajo creados al efecto.