Como exigía el CERMI

Las personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33% seguirán disponiendo de asistencia sanitaria pública en los mismos términos que hasta ahora con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) y en el Real Decreto 383/1984 por el que se regulan las prestaciones sociales y económicas derivadas de la citada Ley.

Como venía exigiendo el CERMI, el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, por el que se regula la condición de asegurado y beneficiario del sistema nacional de salud, incorpora una disposición adicional específica que declara expresamente vigente la cobertura sanitaria a las personas con discapacidad de acuerdo con el sistema de protección de la LISMI, es decir, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Queda así fuera de toda duda la continuidad de esta atención para todas las personas con discapacidad reconocida oficialmente, como mantenía el CERMI, y que se suscitó al establecer el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de reforma sanitaria que la condición de beneficiario del sistema nacional de salud en el caso de las personas con discapacidad quedaba fijada para aquellas con un grado igual o superior al 65%.

A lo largo de la tramitación del Real Decreto publicado hoy en el BOE, el CERMI ha planteado la necesidad de que se declarase expresamente vigente para las personas con discapacidad la regulación específica procedente de la LISMI, que no ha sido derogada, a fin de ofrecer seguridad jurídica y evitar interpretaciones restrictivas por parte de las autoridades sanitarias encargadas de aplicar el nuevo real decreto sobre regulación de la condición de asegurado y beneficiario del sistema nacional de salud.

Con esta demanda, el CERMI llegó en el procedimiento hasta el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Ejecutivo, que la hizo suya y así la incluyó en el dictamen preceptivo sobre el proyecto de real decreto, recomendando al Gobierno su adopción. El Consejo de Ministros de ayer ha seguido esta recomendación, y finalmente el real decreto mantiene la asistencia sanitaria para todas las personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%.