NO A LOS RECORTES.

POR LOS DERECHOS SOCIALES Y LA CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DEL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD


Mantener las conquistas. Las personas con discapacidad y sus familias siguen siendo un grupo social sometido estructuralmente a exclusión severa, con dificultades enormes para ejercer sus derechos básicos y libertades fundamentales y para acceder a los bienes, productos y servicios que se consideran como normales para toda la población. La gravísima crisis económica y de empleo que padecen España y Europa estos últimos años tiene un impacto mucho mayor en las personas con discapacidad y sus familias, y de forma especial en las mujeres con discapacidad, ya que la mayor vulnerablidad de esta parte del sector hace que la crisis incida en ellas de forma más virulenta, que ven peligrar o en riesgo de retroceder las aún precarias conquistas sociales y de derechos obtenidas a lo largo de los últimos tiempos, gracias a la lucha sostenida del movimiento social de la discapacidad. Estos avances han de ser mantenidos a toda costa como logros irrenunciables y no son susceptibles de reducción o recorte; los poderes públicos han de preservar ese nivel de derechos y apoyos e incrementarlo con políticas y legislaciones enérgicas de inclusión.

·La realidad de los recortes. Los recortes sociales en el ámbito de la discapacidad no son por desgracia nuevos. En muchos ámbitos han venido produciéndose en los últimos tres o cuatro años reducciones significativas de partidas sociales que han hecho desaparecer o comprometido gravemente la sostenibilidad de servicios y dispositivos de apoyo y atención directos a hombres y mujeres con discapacidad y a sus familias, sobre todo los gestionados por estructuras del tercer sector no lucrativo que, a pesar de la actual situación de crisis, han contribuido desde sus entidades a la creación y al sostenimiento del empleo. Estos recortes debilitan los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias.



· Compromiso firme de los poderes públicos. El nuevo Gobierno que surja de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 y los gobiernos autonómicos renovados en gran medida en los primeros mese de este año deben comprometerse firmemente con los objetivos de inclusión de las personas con discapacidad y de sus familias mediante el desarrollo de legislaciones, políticas, estrategias y decisiones reforzadas que mantengan la discapacidad en puestos relevantes y permanentes de la agenda política. La crisis económica y social no puede servir de coartada o pretexto para detener las políticas públicas de discapacidad y menos aún para reducir los derechos sociales o la intensidad de apoyos y recursos que deben recibir las mujeres y hombres con discapacidad para asegurar su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno.

· Por una auténtica autonomía personal. En especial, la Ley 39/2006 y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que esta crea, cuyo despliegue en sus poco más de cuatro años de andadura ha sido desigual e incompleto, frustrando muchas de las expectativas despertadas, no necesitan recortes, moratorias o replanteamientos a la baja, sino un impulso político y presupuestario decidido para consolidar definitivamente un nuevo dispositivo de protección social que tiene que dar una cobertura suficiente y digna a enormes necesidades sociales aún sin respuesta. Todo ello, sin que se resientan o debiliten las políticas de discapacidad, que es una realidad más amplia y numerosa, pues la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia no puede justificar en ningún caso la continuidad y ampliación de los recursos y apoyos dirigidos a todas las personas con discapacidad, estén o no en situación de dependencia o tengan necesidades de apoyo intensas para la autonomía personal. La discapacidad y las políticas de discapacidad tienen sustantividad y perfil propios, y no pueden confundirse o desdibujarse con la atención a la dependencia, que es solo una parte de las políticas sociales de inclusión.

· Salida inteligente de la crisis. La superación de la actual crisis económica y de empleo, que sufren las personas con discapacidad y sus familias con mucha mayor intensidad que otros sectores ciudadanos, no puede pasar por la salida fácil de recortar o suprimir los derechos y prestaciones de carácter social, que en España son todavía débiles, inestables y discontinuos. Las necesarias medidas reordenación y racionalización de las estructuras productivas, de las políticas y de las cuentas públicas han de recaer con preferencia en aquellos ámbitos, entornos y estructuras que no solo no generan valor, riqueza y cohesión sociales, sino que han estado y están en el origen de la actual situación de crisis, constituyendo un lastre para el desarrollo sostenible y la creación de empleo.

· La permanencia de la visión de derechos humanos. La forma de abordar la discapacidad es el enfoque de derechos humanos. Las legislaciones, las políticas y la acción pública hacia las personas con discapacidad y su entorno familiar han de ir impregnadas de esta visión de derechos. Este enfoque de derechos humanos tiene su plasmación política y jurídica en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que forma parte del Derecho interno, al haber sido firmada y ratificada por España. El proceso de asimilación de los principios, valores y mandatos de la Convención debe continuar en los próximos años, ya que su acervo se proyecta en múltiples frentes y dominios que necesitan revisarse a la luz del Tratado internacional de la discapacidad. En la próxima Legislatura, habrá que aprobar un nuevo bloque legislativo de adaptación y ajustes normativos a las Convención –tanto en el plano estatal como en el autonómico–, que comprendan esferas como la igual capacidad jurídica, las leyes civiles, el Código Penal, la legislación educativa, entre otras.

· Movilización cívica. El CERMI, como organización representativa de las personas con discapacidad y sus familias, cuya misión consiste en incidir políticamente allí donde se toman las decisiones, actuará para impedir y contrarrestar la adopción de medidas, presentes y futuras, que vayan en contra de la inclusión y las protección sociales de los grupos ciudadanos más vulnerables, alertando, movilizando y activando sus estructuras y su capacidad de influencia y presión para la consecución de estos objetivos irrenunciables.

· Coparticipación. En estos momentos en los que un contexto económico y social tan adverso exige decisiones de gran calado y alcance, los poderes públicos y los gobiernos deben contar activamente con los movimientos sociales, como el de la discapacidad, en la preparación, diseño, implantación y seguimiento de las medidas que hayan de adoptarse para afrontar la crisis, a fin de que éstas surjan con la legitimidad ciudadana imprescindible