El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado el incumplimiento reiterado de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de España.

Así se ha puesto de manifiesto en el conversatorio ‘La exigencia del cumplimiento en España de la Convención de la Discapacidad conforme a las recomendaciones de la ONU’, llevado a cabo el 21 de noviembre en formato virtual.

El acto, moderado por la Defensora de las Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Valencia e integrante del Comité de Apoyo a la Convención, Teresa Navarro Ferreros, ha contado con la participación de Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, y Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas.

El debate se ha centrado en el análisis del grado de cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el Estado español, según las recomendaciones que las Naciones Unidas realizaron en 2011 y 2019. Desde el 3 de mayo de 2008, la CDPD forma parte del ordenamiento interno español, lo que significa, no solo que la misma debe ser aplicada por todos los poderes públicos, incluidos los Tribunales, sino también que las normas españolas que recogen derechos fundamentales deben interpretarse a la luz de este tratado, adaptando para ello la legislación vigente. Sin embargo, todavía hay aspectos denunciables en la correcta recepción de esta Convención en España.

Isabel Caballero ha hecho un repaso de las observaciones generales que hace el Comité a España con relación al cumplimiento de la Convención en relación con las mujeres con discapacidad. En este sentido, ha destacado como puntos clave reivindicaciones como una mayor presencia y participación de las mujeres con discapacidad en la elaboración de políticas públicas contra la violencia de género, la supresión de tratamientos médicos con autorización jurídica y sin ninguna recomendación médica, la garantía del derecho al trabajo aumentando las oportunidades laborales para mujeres con discapacidad, y una mayor inversión en el desarrollo de investigaciones y estudios estadísticos que permitan conocer la prevalencia de la violencia machista en mujeres con discapacidad.

A este respecto, la coordinadora de CERMI Mujeres ha denunciado que en la actualidad se cuente con “muy pocas estadísticas” que contemplen la variable discapacidad. De hecho, según ha explicado, “en la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, solamente un 5 % de las mujeres encuestadas tenían discapacidad”.

De esta forma, Caballero ha dibujado el panorama actual en el que se halla España respecto de las mujeres con discapacidad, por el cual reclaman “más datos estadísticos pormenorizados que nos permitan conocer cuántas mujeres con discapacidad han interpuesto una denuncia por violencia machista, cuántas las han retirado, y cuántos niños nacen con discapacidad o la adquieren como consecuencia de la violencia de género que reciben”. Asimismo, otra de las reclamaciones del movimiento de mujeres con discapacidad es “que se realicen auditorías de accesibilidad a los servicios sociales dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género”.

Por su parte, Amalia Gamio ha expuesto algunos de los recursos que el Comité ofrece a los estados para facilitar la aplicación de la Convención, tales como las guías que han elaborado para este fin.

Para Gamio, a pesar de que los estados cuentan ya con muchos elementos para la aplicación del tratado, “no se están desarrollando las políticas precisas para evitar la discriminación de mujeres con discapacidad”. A este respecto, ha asegurado que “la pandemia mostró que la aplicación de la Convención no estaba tan avanzada, por las enormes barreras a las que se tuvieron que enfrentar las personas con discapacidad”.

Amalia Gamio ha hecho especial hincapié en la importancia de la desinstitucionalización como factor clave en la garantía de los derechos de las mujeres con discapacidad, ya que “la institucionalización incumple muchos derechos, entre ellos el derecho a vivir de forma independiente, que se recoge en el artículo 19”.

Finalmente, Gamio ha asegurado que mientras se siga negando la igualdad de las mujeres con discapacidad ante la justicia no se podrá lograr tener acceso al resto de derechos”.