Con motivo de la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE)del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) quiere aplaudir las medidas que vienen recogidas para garantizar la accesibilidad universal en los edificios de viviendas, aunque hace hincapié en que siguen siendo insuficientes para solucionar esta problemática.

 En concreto, estas medidas consisten en la obligación de realizar obras de accesibilidad cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas, así como la posibilidad de que el fondo de reserva de cada comunidad se destine a la realización de las obras obligatorias de accesibilidad, incrementándose además este fondo hasta el 10% del último presupuesto ordinario.

 Estas medidas se aprobaron en un primer momento durante la actual legislatura como parte de un paquete de medidas destinadas a solucionar la problemática del alquiler en España, pero que finalmente fue rechazado por el Congreso de los Diputados. En este sentido, COCEMFE lamenta que el Gobierno no haya incluido en este real decreto-ley ninguna de las medidas que propuso el movimiento asociativo de la discapacidad tras la aprobación de este primer paquete de medidas.

 “Ambas medidas suponen un importante avance, pero teniendo en cuenta que sigue sin ser obligatorio realizar todas las obras de accesibilidad necesarias para que dejen que existir personas viviendo encerradas en su propia casa, son insuficientes”, afirma el presidente de la Confederación, Anxo Queiruga, quien reclama  la creación de un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, haciendo hincapié en que “es imprescindible que se establezcan ayudas específicas para todas las comunidades vecinales que deban afrontarlas, teniendo en cuenta que solo el 10% de los edificios que realizan estas obras han obtenido subvención para llevarlas a cabo”.

 En este sentido, critica que “no se puede permitir que la accesibilidad de un edificio de viviendas dependa de la capacidad económica de su comunidad para hacer frente a las obras de accesibilidad”, al tiempo que recuerda que desde el pasado 4 de diciembre de 2017 todos los bienes, productos, entornos y servicios deberían ser plenamente accesibles, tal y como recoge la ley.

 Por último, Queiruga recuerda que con la accesibilidad universal “ganamos toda la población y no solo las personas con discapacidad, puesto que todas las personas durante todo el ciclo vital nos beneficiaremos  en mayor o menor medida de la accesibilidad y del diseño universal”.