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COCEMFE pide un Pacto de Estado por la Autonomía Personal y la Dependencia


• La entidad reclama consenso político y social para reformar la norma y su tramitación como Proyecto de Ley para evitar fracturas sociales

• Para COCEMFE es injusto retrasar la incorporación de la dependencia moderada a 2015 y la retroactividad de las ayudas

• COCEMFE valora la profesionalización de los cuidados familiares potenciando la formación y mejorando los controles

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), como entidad miembro del CERMI, se une a la petición realizada ayer en rueda de prensa junto a UDP y CEOMA, de la necesidad de consensuar una reforma sin retrocesos de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia.

Para ello, COCEMFE hace un llamamiento al Gobierno, a todas las fuerzas políticas y a los agentes involucrados en el desarrollo de la norma para que alcancen un Pacto de Estado que permita sostener el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

“La norma ha generado frustración entre sus beneficiarios y ha habido muchos errores en su ejecución, gestión y despliegue”, reconoce el presidente de COCEMFE, Mario García, a la vez que asegura que a pesar de ello “es absolutamente imprescindible mantener este dispositivo de protección para las capas más vulnerables”.

“Las reformas rápidas y no estudiadas lo suficiente conllevan errores que pueden producir enormes fracturas sociales. Por eso es necesario que la reforma se tramite como Proyecto de Ley para que el sector de la discapacidad pueda ser escuchado y realizar sus aportaciones para recuperar el consenso con que nació”, señala García.
Para COCEMFE, la reforma que plantea el Ejecutivo no puede basarse en el ahorro porque detrás de cada valoración de dependencia hay una persona con necesidades reales a la que hay que dar una protección que es ineludible y que le corresponde por derecho.

La entidad considera inaceptables e injustas algunas de las modificaciones anunciadas y entiende que los problemas de financiación de la norma se deberían solventar por otras vías que no perjudiquen directamente a los usuarios actuales y futuros y sus familiares.

Para COCEMFE “establecer en dos años el plazo a partir del cual empieza a contar la retroactividad en la concesión de ayudas pondrá aún más peso sobre los familiares al tener que hacerse cargo del bienestar de las personas dependientes hasta que pasan a ser beneficiarios efectivos de la Ley”.

El presidente de COCEMFE asegura que estos recortes “asfixian a las personas dependientes y ponen en riesgo los avances conseguidos y la apuesta por la autonomía personal y la prevención, que es la parte que ha faltado por desarrollar y que ahora está peligrando más que nunca. Retirar el apoyo a los dependientes moderados hasta 2015 es otro tremendo error, que supondrá la aparición o el agravamiento de enfermedades crónicas o discapacidades y de sus secuelas. Sobre todo teniendo en cuenta que seguirán siendo atendidos en la red de servicios sociales que también está padeciendo los nefastos efectos de los recortes presupuestarios”.

Además, la entidad lamenta que se haga hincapié en la aportación de los beneficiarios mediante el patrimonio cuando se pretende al mismo tiempo establecer el copago a partir de un IPREM que está por debajo de los niveles de pobreza reconocidos para 2012. Desde el sector de la discapacidad se apuesta por establecer la participación económica de los usuarios en dos veces y media el IPREM, puesto que aparte de proteger a las personas dependientes hay que potenciar su posibilidad de tener una vida autónoma. “Difícilmente se puede potenciar la autonomía personal dejando tan solo cien euros a libre disposición del beneficiario de una plaza residencial”, señala el presidente de COCEMFE.

En este sentido, la Confederación valora positivamente el replanteamiento que ha hecho el Gobierno de aceptar mantener el IPREM al 100% dadas las condiciones en que se encuentra el país. A pesar de ello, considera que deberán revisarse al alza cuando la situación económica mejore.

“Reducir la aportación de las administraciones perjudicando a las personas dependientes no es la salida a los problemas de la Ley de Autonomía Personal. Ni las personas en situación de dependencia, ni sus familiares pueden convertirse en prestamistas de la Administración, por mucha deuda que éstas tengan. La sobrecarga económica que supone para este colectivo y sus allegados es ya muy elevada como para darles otro varapalo”, denuncia Mario García.

Por ello, COCEMFE espera que se tramite como Proyecto de Ley para incorporar mejoras como la firme apuesta por la Autonomía Personal con actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables y la mejora de las habilidades individuales, ya que no sólo suponen el mantenimiento o la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes, también a la larga son un ahorro para la Administración, puesto que el aumento del grado de dependencia será menor. También que sea gestionada por la Seguridad Social para evitar las actuales desigualdades por territorios y que no haya desarrollos que generen agravios para sus beneficiarios.

COCEMFE también quiere poner en valor la intención del Gobierno de profesionalizar los cuidados familiares, permitiendo aumentar los controles en la calidad asistencial y potenciando la formación de los mismos para que la atención prestada sea la necesaria. Asimismo, la entidad reconoce la necesidad de que los cuidadores familiares vayan reduciéndose en favor de la prestación de servicios profesionales, por lo que considera oportuno incentivar este tipo de atención.

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