COCEMFE Asturias y COCEMFE nacional reclaman, con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, mañana 3 de diciembre, el compromiso de las fuerzas políticas que concurren a las próximas Elecciones Generales de promover con urgencia la reforma de la Constitución Española para acabar con la exclusión y discriminaciones que siguen perjudicando a las personas con discapacidad y garantizar los apoyos necesarios para alcanzar su total inclusión en la sociedad.

Por ello, COCEMFE Asturias y COCEMFE nacional suscriben el manifiesto que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado con motivo del Día de la Discapacidad bajo el lema “Por la constitucionalización plena de los derechos sociales, por que la inclusión social de las personas con discapacidad figure en la Constitución Española como derecho fundamental”.

 “A pesar de que el 3 de diciembre las personas con discapacidad son absolutamente protagonistas alrededor de todo el mundo, pasamos el resto del año luchando por la total inclusión dentro de una sociedad a la que pertenecemos y de la que formamos parte. Que la avanzada legislación en materia de discapacidad se cumpla y que nuestros derechos alcancen el máximo rango constitucional son cuestiones básicas para conseguirlo”, afirma el presidente de COCEMFE Asturias y COCEMFE Nacional , Mario García.

Por ello, COCEMFE Asturias y COCEMFE nacional consideran imprescindible que la Constitución Española sea reformada para que los derechos sociales, económicos y culturales sean considerados fundamentales y, de este modo, quede asegurada la igualdad de nuestro colectivo, su inclusión en la comunidad, la vida independiente y los apoyos necesarios para lograrlo, incluida la asistencia personal.

A juicio de las organizaciones de discapacidad del país, entre las garantías constitucionales, necesariamente han de figurar la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas de los entornos, bienes, productos, servicios y procesos, así como la obligación de proporcionar ajustes razonables a las personas con discapacidad.

Tal y como señala el manifiesto del CERMI, tras casi cuatro décadas de vigencia del texto constitucional, las personas con discapacidad “siguen en una situación generalizada de exclusión social, permanente y estructural, sometidas a discriminaciones y negaciones múltiples y reiteradas de sus derechos humanos, y con dificultades enormes para acceder con normalidad a los bienes sociales que aseguran unas condiciones de vida en comunidad digna y participativa, en igualdad con el resto de las españolas y españoles”.

El documento explica que los derechos sociales, económicos y culturales “tienen una consideración meramente secundaria” que impide a las personas con discapacidad “lograr un desarrollo humano completo y liberar el enorme potencial que encierran”.

Asimismo, el movimiento de la discapacidad apuesta por actualizar el enfoque y terminología de la Constitución Española al paradigma de derechos humanos de la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006 y contener una manifestación de los derechos a la plena igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad.