El Comité de representantes de personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, Cermi Comunidad de Madrid, considera de “extrema necesidad” que la Comunidad adapte todas las normativas que son competencia del ejecutivo regional a las directrices que marca la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en diciembre de 2006 y a la que se adhirió España en mayo de 2008, incorporándose entonces al ordenamiento jurídico español.

Este tratado también fue apoyado por todos los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid.

Según el Comité, “sólo integrando las directrices que desgrana esta convención a toda la normativa que depende del ejecutivo regional se podrá garantizar el pleno acceso de las personas con discapacidad a una vida social y familiar normalizada”.

Precisamente, Cermi Madrid quiere llamar la atención sobre el hecho de que no todos los textos de carácter normativo que dependen o son competencia del ejecutivo regional madrileño tienen en cuenta, como cabría esperar, este documento universal, un tratado en el que se detallan las condiciones óptimas de las que deberían gozar las personas con discapacidad. En este sentido, esta declaración universal es una herramienta legal que asegura la protección de los derechos universales de las personas con discapacidad.

Asimismo, los principios sobre los que pivota esta declaración universal son: El respeto de la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad, la no discriminación, la inclusión y participación activa de las personas del colectivo en la sociedad o la accesibilidad y la igualdad de oportunidades, entre otros pilares fundamentales.

Cermi Comunidad de Madrid ha solicitado a la Consejería de Presidencia, competente en esta materia, que adapte todos sus textos normativos a la citada Convención internacional, con el fin último de que tener una discapacidad, tal y como pretende la declaración universal, “no suponga impedimento alguno para que una persona del colectivo pueda desarrollarse en cualquier ámbito social o familiar con plena libertad y autonomía”.

Por otra parte, multitud de textos normativos, especialmente de gobiernos regionales o de administraciones locales, no están adaptados o pensados específicamente según las directrices que marca este tratado de carácter internacional.

Por todo ello, Cermi Madrid insta al gobierno regional a que tenga en cuenta este documento internacional con el fin de que las personas con discapacidad tengan unos mínimos normativos establecidos en todas y cada una de las legislaciones que emanan de la administración regional con el fin de derribar cualquier impedimento u obstáculo que dificulte a las personas con discapacidad una vida autónoma y plena en cualquier ámbito, así como un contexto social abierto y no discriminatorio en el que poder desarrollarse.

Fuente:www.solidaridaddigital.com