• “No entendemos que lo que era conveniente y necesario en el 2005, hoy no sea válido, a pesar de que se haya ensalzado desde entonces su labor”, declaran

• Además, han subrayado que “la institución del Procurador General ha sido desde su creación, un instrumento que garantiza la protección de los derechos de aquellas personas y/o grupos más vulnerables”

Varias decenas de personas y representantes de las entidades sociales asturianas, entre ellas, el Comité Español de representantes de las personas con discapacidad en Asturias (CERMI Asturias), se han concentrado bajo el lema ‘Por la defensa de la institución del Procurador General del Principado’, ante la sede de la Procuraduría de Asturias, para defender la permanencia de esta institución.

Dicha iniciativa surge para defender la continuidad de la institución y en rechazo de la Proposición de Ley de Supresión de la Institución del Procurador General, presentada el pasado 22 de octubre en el Registro de la Junta General del Principado de Asturias.

Las entidades sociales, mediante la lectura de un manifiesto, han declarado que “no entendemos que lo que era conveniente y necesario en el 2005, hoy parece no ser válido, a pesar de que se haya ensalzado desde entonces su labor, su proximidad, su inmediatez y control, y la aplicación de criterios de independencia y transparencia, contradictoriamente. De hecho no se ha reprobado en ninguno de los informes de actuación presentados anualmente en el Pleno de la Junta General”.

“Es ciertamente una paradoja que la eliminación de este alto comisionado del Parlamento asturiano la promueve el propio Parlamento, amputándose así uno de sus instrumentos más relevantes”, han denunciado.

Además, han subrayado que “la Institución del Procurador General ha sido desde su creación, un instrumento cercano que garantiza la protección de los derechos de aquellas personas y/o grupos más vulnerables, firmando convenios de colaboración con las entidades, recogiendo y tramitando quejas, garantizando los derechos constitucionales, realizando investigaciones de oficio en cuestiones de interés social, etc..”

“En este sentido consideramos que la defensa de los derechos y libertades de las personas, debe ser prioritaria por encima de cualquier otro interés, tanto para las instancias gubernamentales como para las administraciones públicas” han finalizado.

Desde las entidades, se han promovido una serie de acciones, como han sido; una sucesión de reuniones con los representantes de los diferentes grupos políticos del Parlamento Asturiano, recogida de firmas vía on line en el enlace: http://www.codopa.org/v_portal/apartados/pl_basica.asp?te=493, un manifiesto firmado por las entidades implicadas, y que será presentado por registro ante la Junta general del principado de Asturias, el próximo mes de Mayo.