El Parlamento del Principado de Asturias ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) que pide la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, a fin de contribuir a eliminar barreras arquitectónicas que dificultan la libre salida y entrada a sus domicilios de las personas con movilidad reducida.

 La aprobación ayer en el Pleno de esta PNL llega después de que el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Asturias (CERMI Asturias) contactara con todos los grupos parlamentarios hace unos meses, proponiendo una serie de modificaciones o medidas de mejora de esta Ley, con el objetivo de garantizar la accesibilidad de los  inmuebles sometidos a éste régimen y solicitando su apoyo para su aprobación .

 La presidenta del CERMI Asturias, Mónica Oviedo, y la secretaria de la entidad, Aitana Martínez, asistieron ayer a una sesión del Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, invitadas por el grupo parlamentario popular, con motivo del debate que se produjo en dicha sesión sobre la propuesta del comité asturiano de modificación de la Ley 49/90 de 21 de julio, de Propiedad Horizontal y conexas para favorecer el acceso a una vivienda digna y adecuada a las Personas con Discapacidad y Mayores. En este sentido, el Grupo Popular registró en la Cámara el pasado día 22 de Septiembre una proposición No de ley apoyando dicha propuesta.

El CERMI Asturias celebra esta iniciativa y espera que desde los distintos territorios se lleve a los diferentes parlamentos autonómicos, los cuales siguiendo la misma línea de actuación, apoyen dicha propuesta para facilitar su aprobación posteriormente, a nivel estatal.

 ‘CONSTRUYAMOS ACCESIBILIDAD’

Bajo el lema ‘Construyamos accesibilidad’, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha puesto en marcha una campaña de incidencia política para lograr la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal a fin de que las obras y actuaciones de accesibilidad en los elementos comunes de los inmuebles sean asumidas obligatoria e íntegramente por las comunidades de propietarios.

 La campaña de presión política consiste en el envío a todas las instancias concernidas del Congreso y del Senado de una propuesta de cambio legislativo junto con la reproducción a escala natural de un ladrillo de los empleados en la construcción de viviendas que lleva grabados mensajes exigiendo la reforma  urgente de la regulación en la materia.

Paralelamente a este envío masivo, el CERMI, junto a los CERMIS Autonómicos, ha hecho llegar la propuesta de reforma legislativa a todos los Parlamentos autonómicos, pidiendo a las cámaras legislativas territoriales que planteen a las Cortes Generales una proposición de Ley de reforma de la normativa sobre propiedad horizontal, que obligue al Congreso a debatir sobre esta cuestión y en su caso a tramitarla.

 SITUACIÓN DISCRIMINATORIA

Las personas con discapacidad y las personas mayores o de edad avanzada acceden con mucha más dificultad a los bienes y servicios básicos que en principio deben estar al alcance de cualquier ciudadano.

A juicio del CERMI Asturias, el caso de la vivienda es paradigmático, pues a los problemas generalizados de carestía, falta de financiación adecuada o calidad, o dificultades extremas para mantener la propiedad o la posesión por no poder hacer frente al pago de deudas o rentas con los que se topan muchos ciudadanos, se añaden, para las personas con discapacidad y las personas mayores, los de ausencia de condiciones de accesibilidad del parque de edificios y viviendas.

Aunque se han realizado diversas modificaciones de esta ley, donde se han realizado mejoras para facilitar las obras de accesibilidad, se sigue sin solventar la cuestión de fondo, y es que el régimen legal de propiedad horizontal no es equitativo ni garantiza plenamente el acceso y el mantenimiento en condiciones de dignidad y adecuación de las personas con discapacidad y personas mayores a una vivienda.

Es por lo que, desde el CERMI asturiano se considera que estos progresos normativos que afectan a toda la ciudadanía en general, deben ser completados. Por ello, lo que la modificación de dicha normativa supondrá es que las comunidades de vecinos asuman los costes, como desde siempre ha sucedido para otras obligaciones que asume la comunidad como las derivadas de las condiciones estructurales, la estanqueidad, la habitabilidad y la seguridad.

Además, es preciso que la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, requiera el voto favorable de la mayoría de los propietarios presentes en la reunión de la junta de propietarios en la que se adopte el acuerdo.

Para CERMI Asturias,no hay razón social ni jurídica para otorgar a la accesibilidad un trato distinto y más desfavorable, rayano en la discriminación, cuando el bien social protegido constitucionalmente –la inclusión de las personas con discapacidad y personas mayores- es tan evidente. 

 El CERMI- Asturias, es la plataforma unitaria de acción representativa y consultiva, creado en 1999 en defensa de los derechos e intereses de más de 20.000 personas  con discapacidad y sus familias con la finalidad de participar plenamente en la vida social de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.