La número dos de la lista del PP por Madrid al Congreso de los Diputados para laselecciones del 10 de noviembre, Ana Pastor, ha expresado este viernes su compromiso con el impulso de un nuevo marco legal de inclusión laboral de personas con discapacidad durante la próxima legislatura, puesto que, segúha explicado, el empleo “es prioritario para” su partido.

Así lo ha manifestado Ana Pastor durante un encuentro mantenido con una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en la que ha expresado su “compromiso” e “ilusión”  por “acompañar a las personas con discapacidad y sus familias en el camino hacia la inclusión plena en todos los ámbitos de la vida”.

De esta forma, Pastor ha atendido la demanda del CERMI, entidad que plantea que en la próxima legislatura se apruebe una ley de inclusión laboral para elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad del 38% al 50%.

La actual vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados ha expresado su apoyo a la batería de propuestas planteadas por el CERMI, entre las que destaca la reforma del Código Civil para pasar del modelo actual de supresión de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones.

 REFORMA CONSTITUCIONAL

Asimismo, ha subrayado la necesidad de que se retomen los trabajos iniciados para acometer una reforma del artículo 49 de la Constitución para modificar la terminología con la que la Carta Magna alude a las personas con discapacidad y para reforzar la protección de sus derechos. “Para ello, se necesita estabilidad, porque para mí, en el ámbito de la discapacidad, debería haber un gran Pacto de Estado”, ha enfatizado.

En este punto, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha hecho un llamamiento a que en la próxima legislatura se conforme un Gobierno estable, porque “la precariedad institucional no permite que se atiendan adecuadamente las cuestiones que plantean las personas con discapacidad y sus familias”.

Por otro lado, en materia de accesibilidad, el CERMI ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un fondo nacional de accesibilidad para conseguir que todos los entornos, productos y servicios de interés sean plenamente accesibles. Además, ha destacado que es necesario ahondar en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que no exista un importante número de personas con movilidad reducida que no puedan entrar y salir libremente de sus casas.

Igualmente, la entidad ha urgido a impulsar una ley de protección familiar que tenga en cuenta la situación específica de las que tienen personas con discapacidad en su seno, debido al papel que juega en la protección social.

En materia de género y discapacidad, el CERMI ha instado a erradicar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, una práctica que sufren sobre todo las mujeres y niñas y que, a juicio de la entidad, “atenta contra los principios más básicos de la dignidad humana” en España.

Revitalizar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia; apostar por una estrategia nacional sobre trastorno del espectro autista (TEA); garantizar el derecho de las personas sordas a comunicarse en lengua de signos y el acceso a los audífonos, en función de las necesidades de cada persona; garantizar la accesibilidad física, cognitiva y sensorial del Parlamento, tanto en sus instalaciones como de los debates y documentos más relevantes que se aprueban en él, y fortalecer en mayor medida la lucha contra el juego ilegal son otros planteamientos expuestos a Ana Pastor por parte de las diferentes personas que han participado en la reunión.

Por otra parte, ha pedido que se refuercen las políticas de salud mental en España, así como la lucha contra el suicidio, “un grave problema de salud pública” que requiere de mayor educación en inteligencia emocional desde la infancia y de la creación de un teléfono de tres cifras para prevenir esta lacra, entre otras acciones.

Por último, la delegación del CERMI ha instado a que se garantice la sostenibilidad del tercer sector y de los programas sociales que desarrollan, apostando por la Ley de Contratos del Sector Público vigente y aprobando cuanto antes el desarrollo reglamentario de la X Solidaria del Impuesto de Sociedades, entre otras acciones.